Una abogada de La Plata pidió hoy formalmente al gobierno Nacional la
intervención Federal del Poder Judicial bonaerense debido a la
paralización del sector por las medidas de fuerza que llevan adelante
los trabajadores que reclaman por la aplicación de la Ley Porcentual,
mecanismo que engancha los salarios de los empleados a los de los jueces
de la Suprema Corte bonaerense.
Teresa Gareis, integrante por la minoría del Consejo Directivo del
Colegio de Abogados de La Plata (CALP), formuló en reclamo con el
objetivo de “garantizar la forma republicana de gobierno alterada en
todo el territorio provincial, al encontrarse interrumpida la prestación
del servicio de justicia”, según se lee en el documento que será analizado por legisladores Nacionales.
“Es de conocimiento público la grave crisis que sufre el Poder Judicial
de la Provincia a raíz de los paros del gremio de trabajadores
judiciales iniciados en el mes de febrero de este año y cuyo
recrudecimiento tienen paralizada la justicia desde hace más de un mes”,
explicó la candidata a Presidente del CALP por la lista Abogados.
Para Gareis “la decisión del Gobernador Daniel Scioli de cerrar la
negociación paritaria, la actitud prescindente de la Corte de la
Provincia y la falta de predisposición de acuerdo entre los sectores ha
ocasionado la continuidad de las medidas de fuerza, que tiene visos de
prolongarse por tiempo indefinido”.
En otro pasaje del escrito la docente Universitaria sostuvo que tanto el
poder Judicial como el Ejecutivo “han demostrado hasta el presente su
incapacidad o falta de interés para resolver el conflicto que afecta a
todos los habitantes de la Provincia, a los abogados, a los magistrados y
funcionarios judiciales y a los trabajadores del gremio”.
Además calificó de “espejismo” al amparo presentado por el Colegio de
Abogados bonaerenses, ya que no se cumple. “El libre acceso de los
abogados y justiciables a las dependencias judiciales, garantizado por
la medida cautelar dictada en el amparo presentado por el Colegio de
Abogados de la Provincia, es un espejismo, pues resulta insuficiente
para la efectiva prestación del servicio. De nada sirve que los
magistrados y funcionarios atiendan las mesas de entradas si los
expedientes y los escritos se acumulan ante la imposibilidad de su
despacho por la ausencia de personal. ¿De qué sirve que se garantice la
recepción de cédulas de notificaciones o de traslados si no se
diligencian?, ¿De qué sirve peticionar si no se puede resolver?”, se
preguntó la profesional.
En el documento se detalla que la provincia de Buenos Aires “tiene
además la obligación de proveer la tutela judicial efectiva, por imperio
de los tratados de DDHH del artículo 75 inciso 22 de la Constitución
Nacional, en especial el artículo 25 de Pacto de San José de Costa
Rica”.
“La garantía federal es el instituto constitucional, por el cual el
estado federal asegura a los estados provinciales el ejercicio y goce de
sus instituciones, a condición de que estos cumplan supuestos
expresamente previstos en la carta magna, entre ellos la administración
de justicia ( art. 5 Const. Nac.), bajo estas condiciones el gobierno
federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus
instituciones”, explicó Gareis.
La profesional sostuvo que “la administración de justicia es una función
fundamental de las provincias, la justicia es un órgano insustituible
de poder y las provincias deben administrarla, dentro de su competencia,
en forma inexcusable”.
El escrito cierra que “por todo lo manifestado y ante esta gravísima
crisis institucional que encuentra alterados y suprimidos el goce y
ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución
Nacional y tratados internacionales; por la interrupción y
entorpecimiento en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires
del acceso a la justicia y por la violación y omisión de las autoridades
locales de su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, que
solicito al honorable Congreso de la Nación que adopten todas las
medidas necesarias para restauración del orden institucional afectado,
declarando la intervención federal”.
